Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela en junio de este año, con miles de fallecidos y enormes daños, reactivaron en República Dominicana una pregunta que resurge tras cada gran desastre: ¿qué zonas del país sufrirían las consecuencias más graves ante un evento similar? La respuesta no es simple, ya que el peligro sísmico depende de la cercanía a fallas activas, pero la vulnerabilidad está ligada al tipo de suelo, la calidad de las construcciones, la densidad poblacional y la preparación institucional.
Santiago y el valle del Cibao concentran varios factores de riesgo: proximidad a la falla Septentrional, terrenos sedimentarios que amplifican el movimiento y una alta concentración de población e infraestructura. La ingeniera sísmica Claudia Germoso, del Intec, identifica esta falla y la de Enriquillo como las de mayor potencial destructivo. Localidades como Navarrete, Villa González, Moca, Salcedo, Mao, Esperanza, San Francisco de Macorís y La Vega también presentan exposición, aunque el nivel varía según cada caso.
La costa norte, que incluye Puerto Plata, Luperón, Sosúa, Cabarete, Gaspar Hernández, Río San Juan, Cabrera, Nagua, Matancitas, Sánchez y Samaná, suma la amenaza de tsunami generado por terremotos submarinos. El antecedente más grave fue el 4 de agosto de 1946, cuando un sismo de magnitud 8.1 generó olas que penetraron hasta dos kilómetros tierra adentro y destruyeron comunidades enteras, con estimaciones de más de mil fallecidos. El crecimiento de hoteles, residenciales y comercios costeros eleva la cantidad de personas y bienes expuestos.
El suroeste, en provincias como Azua, San Juan, Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales, está atravesado por el sistema de fallas de Enriquillo-Plantain Garden y la Trinchera de los Muertos. El director del Centro Nacional de Sismología, Ramón Delanoy, ha advertido sobre un período prolongado sin liberaciones sísmicas comparables a décadas anteriores, lo que refuerza la necesidad de preparación. En esta región preocupan las viviendas autoconstruidas, comunidades aisladas y carreteras que podrían bloquearse por deslizamientos.
El Gran Santo Domingo, aunque está en zona de sismicidad media según el Reglamento R-001, concentra la mayor cantidad de población, edificios, hospitales, escuelas, puentes y redes de servicios, lo que lo convierte en un área de enorme exposición. La microzonificación ha identificado terrenos aluviales, rellenos artificiales y zonas ganadas al mar donde las ondas sísmicas pueden comportarse de manera diferente. La principal preocupación son las edificaciones construidas sin supervisión, ampliaciones verticales inadecuadas y estructuras antiguas no diseñadas bajo normas sísmicas actuales.
El este, incluyendo La Altagracia y La Romana, también está clasificado como zona de alta sismicidad, expuesto a fuentes submarinas al este y nordeste de La Española. El rápido crecimiento de Punta Cana, Bávaro e Higüey, con numerosas edificaciones costeras, obliga a considerar el riesgo de tsunami y la necesidad de supervisar que las construcciones cumplan lo aprobado en planos.
El ingeniero estructural Luis Abbott, también docente del Intec, recuerda que “los terremotos no matan, matan las estructuras”. Entre las deficiencias más comunes señala la modificación de elementos estructurales, la colocación incorrecta de estribos y la falta de muros capaces de resistir fuerzas laterales. El nuevo Estudio de Amenaza Sísmica presentado en junio de 2026 por el Ministerio de Vivienda concluyó que el reglamento vigente debe actualizarse con nueva información científica.
La historia dominicana confirma la recurrencia de eventos destructivos: en 1562, un terremoto destruyó Santiago y La Vega; en 1751, Azua fue devastada; en 1842, La Vega volvió a ser arrasada; en 1946, un tsunami golpeó la costa nordeste; en 2003, un sismo de magnitud 6.4 en Puerto Plata causó muertes y daños en varias provincias.
La prioridad, coinciden los especialistas, debe ser evaluar y reforzar hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, puentes, presas, puertos y redes de telecomunicaciones, además de supervisar las construcciones nuevas y crear programas para evaluar viviendas existentes. La tragedia en Venezuela no implica que un desastre idéntico sea inminente en República Dominicana, pero sí advierte sobre las consecuencias de no prepararse antes de que la tierra se mueva.
