La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Hansel Enmanuel Cabrera Martínez, imputado por la muerte de la adolescente Lizeth Noemí Almonte Peña. El Ministerio Público solicitó la medida durante la audiencia, petición que no fue objetada por la defensa técnica.
El abogado Francisco Rolando Cárdenas explicó que consideró la prisión preventiva como la medida más adecuada para garantizar el desarrollo de la investigación. No obstante, la defensa solicitó que el imputado sea recluido en un Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), con el propósito de preservar sus derechos fundamentales durante el proceso.
Cárdenas informó que su cliente no hizo uso de la palabra ante el tribunal y aseguró que permanece “en estado de shock”, por lo que hasta el momento no le ha ofrecido una versión de los hechos. Asimismo, descartó afirmar que el imputado actuara bajo los efectos de sustancias narcóticas.
Al ser consultado sobre las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el abogado indicó que la acusación se sustenta, de manera preliminar, en el testimonio de un testigo que afirmó haber visto juntos al imputado y a la víctima, además de imágenes captadas por cámaras de seguridad que presuntamente muestran el seguimiento realizado por el acusado. La defensa confirmó que no recurrirá la decisión judicial, al entender que corresponde esperar el avance de la investigación.
A la salida de la audiencia, Porfirio José Almonte Peña, hermano mayor de la víctima, manifestó la satisfacción de la familia por la decisión del tribunal y agradeció el trabajo realizado por el Ministerio Público y los organismos investigadores. El familiar sostuvo que la adolescente y el imputado habían mantenido una relación sentimental, pero que esta había terminado debido a que la joven ya no deseaba continuarla. Según afirmó, el acusado insistía en mantener el vínculo.
Marta Peña, tía de la víctima, expresó el profundo impacto que ha causado el hecho en la familia y señaló que conocían la relación entre ambos, aunque nunca imaginaron un desenlace de esa naturaleza, ya que consideraban al imputado una persona de confianza.
Otro representante de la familia reiteró su respaldo a las autoridades, destacando que el proceso judicial les brinda esperanza de que el caso será esclarecido. Además, sostuvo que, a su juicio, el imputado habría actuado solo y que existían antecedentes de hostigamiento hacia la víctima tras la ruptura de la relación, aunque será la investigación oficial la que determine las circunstancias y posibles responsabilidades.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
