A horas de que venciera el plazo, el Congreso Nacional fue escenario de una inédita movilización ciudadana y gremial. Más de una veintena de propuestas fueron depositadas este miércoles ante la Comisión Bicameral que estudia las modificaciones al nuevo Código Penal, con la intención de corregir lo que diversos sectores califican como “errores” antes de la entrada en vigencia de la ley, prevista para el 5 de agosto.
Las tres causales del aborto y los delitos vinculados a la libertad de expresión encabezan la lista de observaciones. La Cámara de Diputados, pese a la cantidad de documentos, asegura que en máximo dos días podrá analizarlos y someter a votación las enmiendas a la Ley 74-25.
El interior del edificio legislativo se tiñó de blanco y verde. Colectivos defensores de los derechos de la mujer presentaron múltiples escritos para eliminar las sanciones penales en los casos en que la vida de la madre esté en riesgo, el feto sea inviable, o el embarazo sea producto de violación o incesto. Un pliego respaldado por 12,000 firmas y otro elaborado por 70 juristas, junto a organizaciones como la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, CONAMUCA, CUDEM y PODEMOS, exigen la despenalización. En la acera contraria, grupos provida insisten en que esa medida violaría el derecho a la vida consagrado en la Constitución.
El debate sobre la libertad de expresión también elevó la presión. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), el Colegio de Abogados (CARD) y la Fundación Primero Justicia pidieron revisar las penas de prisión para delitos cometidos mediante la palabra. El CDP consideró excesivo que el artículo 39 responsabilice penalmente a los medios de comunicación y advirtió sobre la restitución de la “responsabilidad en cascada”, eliminada por el Tribunal Constitucional. Cuestionó además que el artículo 192 sancione la difusión de imágenes sin consentimiento sin excepciones de interés público, y que los artículos 208 y 209 mantengan años de cárcel por difamación. La redacción ambigua de la injuria (artículo 210) y la penalización del ultraje a funcionarios (artículo 310) completan las críticas, al considerarse que esta última otorga una protección privilegiada a los servidores públicos y amenaza la libertad de crítica ciudadana.
El partido Opción Democrática (OD) coincidió en suprimir el artículo 310 y rechazó el artículo 192 por desproteger la violencia digital. Además, propuso eliminar la excepción de responsabilidad penal a partidos e iglesias, garantizar la imprescriptibilidad de los delitos graves de corrupción y aumentar hasta 20 años la pena por malversación de fondos públicos.
